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Adicionalmente, estos municipios han sido tradicionalmente excluidos de los
beneficios del desarrollo, marginados de los procesos de presupuestación y
planificación nacional, resultando en un limitado acceso de su población a
los servicios sociales y productivos. Esta condición fomenta el
desplazamiento poblacional hacia uno y otro lado de la frontera,
especialmente para acudir a la prestación de servicios médicos y educativos.
Por otro lado, los servicios productivos son escasos, mayormente
concentrados en las cabeceras departamentales, y su acceso se dificulta por
contar con deficientes redes de caminos rurales no pavimentados.
Además, se
constata en estos territorios la existencia de un deterioro paulatino de los
recursos naturales, principalmente de los bosques de pino, teniendo como
principales causas: i) el uso indiscriminado y no planificado de los
recursos naturales de la zona, principalmente del recurso forestal; ii) afectaciones
resultantes de fenómenos naturales como el huracán Mitch; iii) la incidencia
de la plaga del gorgojo descortezador del pino, provocando la destrucción e
considerables áreas boscosas; iv) los macro-incendios forestales, comunes en
la temporada seca; v) la recurrencia de actividades agrícolas inapropiadas
provocando el avance de la frontera agrícola y cambios indeseados; y
vi) la
contaminación de los mantos acuíferos. Todo esto ha motivado a las
comunidades, empresariado y gobiernos locales de la zona a buscar soluciones
conjuntas a los desafíos de su propio desarrollo, incluida la gestión
ambiental sostenible de sus territorios.
Entre las potencialidades comunes en materia de gestión de
recursos naturales se destaca que los municipios de ambos departamentos
comparten: i) aproximadamente 274 kms de frontera común, encontrándose
enclavada entre ambos territorios la cordillera Dipilto-Jalapa, con un
abundante potencial en ríos, flora, fauna y paisaje; y ii) un potencial
económico significativo en cuanto al aprovechamiento de importantes recursos
forestales. Las mancomunidades de ambos territorios trabajan actualmente en
la delimitación y propuesta a sus respectivos gobiernos para la declaración
de un área de reserva bajo los sistemas nacionales de áreas protegidas de
cada país. Además, respecto a la gestión forestal conjunta, han priorizado
los siguientes productos y servicios: i) Mecanismos y estructuras para
fomentar la participación en la planificación y gestión territorial; ii) valoración
y uso económico del bosque, productos y servicios; y iii) política y
legislación territorial y socio-ambiental de carácter regional. |